Lunes, 21 de Mayo de 2018
COLUMNAS
Tiempo de luchar por reformas que rompan con plan laboral de Pinochet
14.10.2014

Por Luis E. Villazón León, abogado, Máster en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales UNIBO-UCEN, Fundación Emerge

Que duda existe que la sociedad chilena requiere de cambios estructurales urgentes. La desigualdad que cruza nuestra larga y angosta faja de tierra, está presente en todos los ámbitos del desarrollo de nuestra sociedad, educación, salud, política, organización civil, y por supuesto, en el ámbito de las relaciones laborales o como los siúticos gustan llamar hoy el “mercado del trabajo”.

En efecto, hasta la derecha, subida al carro, habla en mayor o menor medida de reformas. La agenda política, debería, en los próximos meses ser tomada por la discusión de las reformas laborales, reformas que han sido parcialmente esbozadas en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, y lo que la CUT ha insistido, a mi juicio, de manera correcta, en llamar el cuarto pilar de las reformas.

Así las cosas, debemos comprender en primer lugar qué reformas laborales los trabajadores de Chile requieren. ¿Se puede hablar de reformas laborales al tenor del programa de Gobierno de la Nueva Mayoría? ¿Tiene la CUT capacidad negociadora para profundizar el debate de las reformas y en consecuencia avanzar más allá de lo que el propio programa de gobierno establece? ¿Devuelven las reformas propuestas poder a los trabajadores chilenos para negociar y de esta forma incidir en el desarrollo un modelo de relaciones laborales más justo?

El programa de gobierno establece, como principio rector y conductor en materia laboral, la centralidad del trabajo en el logro de la dignidad de los trabajadores. En efecto, señala que “el trabajo no puede ser visto sólo como un factor de producción, ni el trabajador como un mero consumidor. Un trabajo de calidad, un trabajo decente, es mucho más que eso: es fuente de dignidad personal; de desarrollo y estabilidad de las familias chilenas; de paz en la comunidad; de credibilidad de las políticas públicas y privadas y en definitiva de la gobernanza nacional”(1).

Estando de acuerdo en lo sustancial con aquella afirmación; ¿son las reformas propuesta suficientes para alcanzar la tan anhelada dignidad de los trabajadores? Claramente dichas reformas propuestas son a todas luces insuficientes porque no rompen de manera directa con las piedras angulares del actual modelo de relaciones laborales heredado de la dictadura, no apuntan a lo sustancial, entregar o devolver poder a los trabajadores. Sin embargo, no se puede desconocer que las medidas o reformas propuestas significan un avance, pero las reformas por sí solas no dan cuenta para alcanzar el objetivo trazado, cual es de entregar dignidad al trabajador y “emparejar la cancha”.

Mucho se ha escrito y desarrollado sobre de este tema, sin embargo, al seguir estudiando las bases de sustentación ideológica del modelo de relaciones laborales impuesto por la dictadura, nos damos cuenta que estas no solo obedece a una obra extraordinaria y aislada de los ideólogos civiles de la dictadura, tal como lo fue José Piñera Echeñique, sino que además los principales personeros del régimen compartían el cambio que dichas relaciones deberían experimentar. Ya en los primeros años de la dictadura donde los principales roles los cumplían uniformados es posible constatar hacia donde nos dirigíamos en ámbito de las relaciones laborales. En un documental alemán del año 1976, el Coronel Sergio Badiola Broberg, Jefe de la Dirección de Organizaciones Civiles de la Dictadura, dejaba ver la función que el dirigente sindical debía ejercer y tener. Sergio Badiola señalaba: “Se debe preocupar de los problemas de su gremio, de sus inquietudes, incluidos los problemas económicos de sus afiliados y no de los problemas de tipo político y de arreglar a Chile y al mundo”. Es así que siguiendo con esta lógica, la dictadura militar promulga bajo la figura de un decreto ley, el nuevo Plan Laboral que se convierten en la síntesis normativa del nuevo modelo de relaciones labores para Chile, cuyos principales objetivos era la regulación de las relaciones colectivas de trabajo y normas sobre organizaciones sindicales.

Los ideólogos de la actual legislación dejan plasmado su fundamentación ideológica y políticas en la actas de discusión del nuevo Plan Laboral, el acta 372 de 1979. Mismas actas que fueron hechas públicas por la Biblioteca del Congreso Nacional el año 2102. Se trata de actas que no dejan espacio a interpretaciones. En algunos de sus párrafos, dice: “La huelga es una cosa de araucanos y no deberían existir a esta altura de la evolución“, “la negociación colectiva no es un mecanismo para distribuir ingresos“, “las organizaciones sindicales se marginan de la actividad política“, “la huelga es absolutamente imposible con la actual política económica“, “los salarios no tienen relación directa con el nivel de utilidades”.

Este Plan Laboral era un vértice de una operación mayor que consistía no solo en borrar del mapa lo que se había obtenido con años de lucha del movimiento sindical. No se trataba de eliminar las raíces de gobierno marxista, sino que redefinir Chile en todas sus áreas, siendo una pieza fundamental el modelo de relaciones laborales. José Piñera lo describe muy bien en su libro “La Revolución Laboral en Chile”. La siguiente cita habla por sí sola: “Hacia el año 78 habían comenzado a ganar cierta primacía dentro del régimen los sectores interesados en avanzar a una modernización de cuño democrático y liberal. Sergio Fernández, el enigmático (oscuro cómplice de la dictadura) y ministro del Interior, hombre de gran capacidad de trabajo y poco sentido del humor, conducía el proceso político que debía culminar en una nueva Constitución. A su vez, Sergio de Castro, el impertérrito ministro de Hacienda, había conseguido, a fuerza de valientes decisiones, poner a Chile en la ruta del crecimiento. Resultaba, sin embargo, cada vez más necesario expandir el esquema de liberalización a toda la estructura social. Por último, era alentador saber que al mismo gabinete iban a entrar también dos personas de tanto valor como Gonzalo Vial, en Educación, y Miguel Kast en ODEPLAN”.

Y reafirma la profundidad del cambio revolucionario que buscaba esta reforma en la siguiente cita del mismo libro de Piñera: “Chile no sólo necesitaba una economía libre; necesitaba que además la libertad irrigara de arriba a abajo su sistema político y su estructura social. La concepción liberal no podía agotarse en un esquema económico que algunos percibían sólo como una estrategia para lograr y mantener los equilibrios macroeconómicos; la concepción liberal era todo un marco conceptual para inducir cambios estructurales y grandes transformaciones. El nuestro no debía ser un discurso conservador o inmovilista; debía ser un discurso profundamente revolucionario, porque estábamos hablando de cambios mucho más profundos que los postulados por la propia izquierda”.

En conclusión, el modelo neoliberal y sus gestores llegaban a instalar las bases del modelo de relaciones labores fundado en libertades y no derechos, en donde las líneas fundamentes del modelo quedan claras. No hay espacio a interpretaciones:

Los puntos definidos como básicos eran:
* Plena libertad sindical (de afiliación y de creación de sindicatos), genuina democracia en las decisiones (elección de dirigentes, afiliación a federaciones y confederaciones, votación de la huelga, determinación de las cuotas).
* Existencia de negociación colectiva en cada empresa,
* Huelga sometida a la disciplina del mercado y sin monopolios de los puestos de trabajo, (reemplazo de huelguistas)
* No intervención estatal en la vida sindical y la negociación colectiva. En consecuencia el Estado debía de intervenir lo menos posible, la máxima de la autonomía de la voluntad comenzaba a ser aplicada en su máxima expresión, el Estado no intervenía, solo libertades y no derechos.

Detrás de toda esta ideología de libertad total de las relaciones laborales aplicadas por el Plan Laboral estaba la abierta lucha en contra de las conquistas que por años habían logrado los trabajadores chilenos, amparada y fundada por el anticomunismo extremo que se expresa sin reparos en las propias palabras de Piñera. “Creo que [Pinochet] estaba bien preparado para esta discusión. La pura represión era por sí sola una alternativa no sólo inmoral sino también ineficiente para combatir al comunismo y probadamente incapaz de derrotarlo, que era lo que interesaba. Durante los años de vigencia de la Ley de Defensa de la Democracia -la ley maldita- los comunistas se parapetaron con entera comodidad en las estructuras de movimiento sindical y fortalecieron su causa con lo que tanto les sirvió durante años: el martirologio. La represión les confirió un aura heroica y les proporcionó un pasaporte inmejorable para penetrar a muchos sectores laborales. El comunismo no sólo sobrevivió en los sindicatos y federaciones obreras. Allí se robusteció y expandió, favorecido por instrumentos de lucha muy eficaces -la huelga- por recursos nada despreciables -las 'cuotas voluntarias para los fondos de huelga'- y por el respaldo involuntario de una masa cautiva, manipulada, arrastrada como rebaño a las causas del PC por la sindicalización obligatoria que existía para los obreros".

El objetivo era, sin duda, eliminar toda posibilidad de lucha del movimiento sindical. Ya no hay más lucha de clases, la empresa será el motor de las relaciones laborales en un espíritu de armonía y cooperación. En efecto, la lucha de clases de termina y la fundamentación explicita no deja duda alguna: “En una economía social de mercado la empresa no debería ser teatro de la lucha de clases; la empresa es y debería ser una instancia de integración social. La "amistad productiva" dentro de la empresa es un valor que contribuye decisivamente a la amistad cívica entre los ciudadanos, que requiere toda democracia (...)". Y lo reafirma el párrafo siguiente: “El sistema consagrado por el Plan Laboral apunta en esta dirección. En primer lugar, sitúa la negociación en el ámbito que le corresponde, la empresa, y prohíbe las negociaciones por área de actividad”.

Si la negociación colectiva es un mecanismo para determinar las remuneraciones en concordancia con la productividad, entonces, lo lógico es que tenga lugar en cada empresa. Ello tiene claras ventajas: desdramatiza la negociación, produce un mayor identificación del trabajador con su empresa, ya que se tiende a reemplazar la 'lucha de clases' por la 'lucha de empresas' (trabajadores y empresarios de una misma empresa versus los de otra que compite con ellos), lo que es funcional a una economía de libre mercado.

En consecuencia, después de décadas de aplicación del modelo que quitó poder a los trabajadores, conquistados con años y décadas de lucha, este modelo no se ha visto vulnerado en su esencia, a pesar de las reformas, más bien cosméticas que los Gobiernos de la Concertación ha realizado en el pasado reciente, dejando inalterables la bases ideológicas, políticas y normativas del modelo heredado. Los principios de la libertad sindical, esenciales en cualquier modelo de relaciones laborales moderno y concordantes con un Estado Social y Democrático, siguen estando ausentes, la huelga, la negociación colectiva y la sindicalización, sigue siendo regulada al margen de aquellos principios. La huelga sigue siendo una cosa de araucanos y no deberían existir a esta altura de la evolución. La negociación colectiva no es un mecanismo para distribuir ingresos y las organizaciones sindicales se marginan de la actividad política y los salarios no tienen relación directa con el nivel de utilidades que tienen las empresas y el crecimiento económico del país.

Si queremos que se cumpla con la premisa establecida por el Programa de Gobierno, en cuanto a que el trabajo “es fuente de dignidad personal; de desarrollo y estabilidad de las familias chilenas; de paz en la comunidad; de credibilidad de las políticas públicas y privadas y en definitiva de la gobernanza nacional”, debemos jugarnos por cambiar las fuentes ideológicas, políticas y jurídicas del actual modelo.

Es evidente que las reformas ofrecidas por el gobierno en su programa dan cuenta de un avance en la lucha por emparejar la cancha, sin embargo, estas son notablemente insuficientes y no abordan uno de los problemas de fondo, que es sacar el conflicto laboral desde la empresa y de esta forma romper con el cerco impuesto por el Plan Laboral. Por esta vía los trabajadores y trabajadoras podrán recuperar una real capacidad negociadora, perdida por años, y en consecuencia acortar las brechas de la desigualdad en nuestro país. La titularidad sindical en materia de negociación colectiva, sumado al fin de los reemplazos en la huelga no apuntan a romper con la bases del modelo impuesto si estas no son acompañadas con un efectivo derecho a negociar colectivamente que traspase las fronteras de la empresa. Cualquier demanda por cambios debe apuntar en esa dirección. Cualquier otro cambio solo será cosmético y no podremos hablar de reformas.

Lo que los trabajadores de Chile requieren es que los principios de la libertad sindical se expresen de manera nítida y coherente, no a la chilena, derechos son derechos, de tal manera que cualquier modificación o reforma debe necesariamente contener las bases de dicha libertad sindical, derecho a huelga sin limitación o restricción, negociación colectiva ramal o sectorial y derecho a sindicalización. Son esas reformas las que los trabajadores no solo requieren, sino que necesitan para que nuestro país sea más justo, digno e inclusivo.

El principal referente histórico de los trabajadores chilenos debe trabajar en esa dirección, solo con estas reformas podremos hablar de cambios históricos dejando atrás las raíces y fuentes de un modelo de relaciones laborales que tanto daño y perjuicio ha causado a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Lo que Chile requiere es un modelo más democrático.

(1)Programa de Gobierno de Michelle Bachelet.
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