Jueves, 19 de Julio de 2018
COLUMNAS
Reflexiones desde Arauco
15.02.2017

Por Equipo Fundación Emerge

El reciente conflicto generado por el cierre de la Mina Santa Ana de Curanilahue, en la provincia de Arauco en el Biobío, donde por casi dos meses trabajadores mineros estuvieron encerrados a 600 metros de profundidad para llamar la atención de las autoridades, no es sino un botón de muestra respecto de las condiciones actuales que enfrenta la minería del carbón y en general gran parte de los proyectos extractivos de la región y del país.

El Biobío es una zona de contrastes. Posee enormes riquezas naturales que permiten el funcionamiento de algunas de las industrias más grandes del país (pesqueras, forestales, mineras, hidroeléctricas, agropecuarias, siderúrgicas, entre otras). Sin embargo, al mismo tiempo se mantiene como la tercera región con más pobres del país y la segunda región con mayor porcentaje de pobreza extrema (CASEN, 2015). Es asimismo una de las regiones con mayor desempleo a nivel nacional (7,4%), con algunas provincias como Lota, Talcahuano y Coronel que aparecen bordeando los dos dígitos (INE, trimestre de agosto a octubre 2016). Más aún, según datos de la Fundación Sol (2016), el 50% de los trabajadores del Biobío gana menos de $260.000 y el 65% menos de $350.000 líquidos. Sólo el 8,6 % gana más de $800.000 líquidos.

En la provincia de Arauco, donde se ubica la mina Santa Ana, la situación parece ser aún más alarmante. Actualmente la provincia presenta el mayor nivel de “atraso salarial” en la región del Biobío: el 70% de los trabajadores gana menos de $320.000 líquidos (Fundación Sol, 2016).
Ostenta además el triste record de tener a la comuna más pobre del país, Cañete, que según datos de CASEN (2015) posee el 38,1% de su población bajo el nivel de pobreza (medida por ingresos). Ello, a pesar de contar con una de las empresas que más factura a nivel mundial en el ámbito forestal: Celulosa Arauco.

Este resurgimiento de la minería del carbón aparece entonces como una opción de sobrevivencia para muchos trabajadores, en una zona con una histórica identidad obrera y minera. Según datos de SERNAGEOMIN (2016), la región del Biobío incrementó su producción de carbón de 98.673 toneladas en 2006 a 157.017 toneladas en 2015, aumentando con ello su preponderancia en la economía regional.

Este nuevo auge del mineral negro se debe fundamentalmente a dos causas principales: a la alta demanda energética, que presiona a las grandes empresas a buscar fuentes de energía diversificadas (más allá de la hidroelectricidad), ante la alta variación pluviométrica que afecta al país, así como también a los menores costos de inversión y operación del carbón, que lo hacen más “competitivo” frente a otras alternativas energéticas.

Esta reaparición de la minería del carbón en la región también se vincula a los incentivos productivos entregados por el Estado, con el fin de levantar la alicaída situación socioeconómica de la “cuenca del carbón”. Estos incentivos, no obstante, sólo vienen a dar mayores facilidades a los grandes empresarios, que con regalías tributarias y bajas inversiones, logran adquirir un importante insumo energético para sus industrias.

En algunos casos el Estado, como buen socio, es capaz incluso de regalar una mina a los hábiles empresarios. Este fue el caso de la Mina Santa Ana, que tras ser adjudicada en UF 5.352 el año 2008 a SW Business S.A., empresa entonces dirigida por Rodrigo Danús y Paul Fontaine (sí, los mismos coordinadores programáticos de la campaña presidencial de ME-O el 2009 y Evelyn Matthei el 2014), cinco años después el mismo Estado por medio de CORFO le entrega a SW Business S.A. un fondo por 116 millones de pesos (UF 5.555 de la época) en el marco de la ley de zona de reconversión de Arauco. Negocio redondo.

Los empresarios Danús y Fontaine ostentan otro récord: aprobar la instalación de una central termoeléctrica en media hora, sin estudio de impacto ambiental, en la misma provincia de Arauco. La Mina Santa Ana sería la que entregaría el insumo para aquel “emprendimiento” energético.

La extracción del carbón es una actividad altamente contaminante. Destruye la vida silvestre, erosiona los suelos, degrada la calidad del aire, altera la composición de los cursos de agua, etc. Para los que trabajan en ella representa un peligro inminente para la salud, estando vinculada a enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes cerebro-vasculares y enfermedades crónicas del aparato respiratorio.

Ello se agrava con las pobres condiciones de seguridad con las que deben lidiar los mineros del carbón, en un panorama de poca fiscalización del cumplimiento de las normas por parte de los organismos del Estado y de una débil legislación sobre prevención de riesgos y seguridad. Lo que cada empresa destina en recursos a la seguridad depende únicamente del empleador.

La explotación del carbón pone sin dudas en contradicción la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad medioambiental con las legítimas demandas de los trabajadores por acceder a fuentes laborales, en una zona golpeada por la pobreza y el desempleo. ¿Cómo conciliar ambos elementos y dar salida a esta disyuntiva?

Una cosa es la urgencia de garantizar fuentes de empleo dignas. En el caso de la mina Santa Ana se calcula que aún posee alrededor de 7 años de vida útil, por lo que se deben explorar mecanismos para garantizar que durante ese período los trabajadores, con buenos elementos de seguridad y con normativas medioambientales adecuadas, puedan seguir explotando el mineral.

En ese escenario, el Estado chileno a través de CORFO debe intervenir en favor de los trabajadores y no sólo de los grandes empresarios. Ya que CORFO entregó gratis la Mina Santa Ana a Danús y Fontaine, ¿Por qué no entregarle la concesión a los propios trabajadores y sus organizaciones? En el actual modelo que rige el funcionamiento del Estado, no existen mecanismos que permitan la compra o inversión por parte del Estado de empresas consideradas estratégicas ya sea en lo económico o lo social. Esto se evidencia en la respuesta usual del Estado de que todo se trata de un “asunto entre privados”. Menos aún, existen mecanismos de apoyo consistentes a emprendimientos cooperativos.

A pesar de lo anterior existen algunas iniciativas vinculadas a emprendimientos individuales en la región que pueden replicarse. Ya en 2012 un acuerdo entre la Asociación de Productores de Carbón de Curanilahue y la Empresa Estatal Carbonífera Victoria de Lebu (CARVILE), significó el traspaso de terrenos que antes estaban en poder de la carbonífera hacia pequeños productores de carbón, permitiéndoles trabajar por un plazo estimado de 30 años. Aún queda no obstante poner límites a las importaciones de carbón y terminar con el monopolio de las grandes empresas (Catamotun, Carbomat y Cokecar) que no dan cabida a empresas pequeñas.

Urgente es también la unidad de los trabajadores y los territorios que componen el Biobío. Las enormes fortunas de unos pocos han sido a partir del sufrimiento y pobreza de la mayoría. Mineros, pescadores, trabajadores forestales, junto al pueblo Mapuche, víctima de la usurpación de sus tierras ancestrales, requieren de una unidad política que pueda plantear las luchas desde un horizonte en común. La Coordinadora de Organizaciones Sociales de la Provincia de Arauco es una muestra de que esto es posible.

Pensar a mediano y largo plazo en tanto implica la exigencia de construir un modelo productivo distinto, que no dependa del extractivismo como única fuente de riqueza para la región. Los incentivos productivos a los grandes empresarios deben ir entonces en esa dirección, a partir de proyectos que entreguen valor agregado al Biobío. Esta transformación por cierto debe ser paulatina y planificada. Guardando las distancias, no se puede volver a repetir lo ocurrido en los años ´90, cuando las minas cerraron y el Estado no tuvo ninguna planificación productiva sólida que pudiera servir como reemplazo de la minería del carbón.
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